Acusación Constitucional contra Intendenta del Bío-Bío

El pasado 24 de marzo, se acusó constitucionalmente a la Intendenta del Bío-Bío, Jaqueline Van Rysselberghe. La acusación se basa en que ella vulneró el principio de probidad administrativa, el quebrantamiento del principio de la igualdad ante la ley e infracción a la ley que la obliga a supervisar los distintos servicios públicos, siendo estos los argumentos presentados por la concertación como acusación. La intendenta decidió renunciar a su cargo,  para evitar que la acusación continuara, ya que era su renuncia lo que la concertación esperaba.

Desde un punto de vista político la acción de renuncia por la intendenta pareciera ser una estrategia de escape inteligente, pero por lo visto la concertación luego de su renuncia mantuvo por un tiempo la acusación constitucional.

Desde un punto de vista civil, las acciones cometidas por la intendenta, que le generaron la renuncia, son de carácter grave e ilícito, pasando a llevar claramente los derechos de igualdad ante la ley y los principios de probidad administrativa, por lo que la acusación esta totalmente validada y fundamentada, con una base en hecho verídicos. La intendenta inventó una historia, y decidió "Promover privilegios y beneficios habitacionales indebidos a favor de un grupo determinado de personas".

Para dar el golpe de la acusación un grupo de Diputados de la Concertación, casi veinte personas, se reunieron para anunciar un documento y una presentación formal contra Van Rysselberghe, el documento está basado en los hechos, sucesos, y acciones cometidas por la Intendenta. Del documento, de sesenta y tres paginas, donde se indica que la Intendenta mintió:

" Deliberadamente a los vecinos de la población Aurora de Chile de Concepción, al informarles a sabiendas de la falsedad, que existía un proyecto habitacional a su favor, autorizado y confirmado oficialmente por el ministerio de vivienda y urbanismo, y con los recursos asignados para ello".

Claramente se presenta que la Intendenta inventó una historia, en la que involucró al ministerio de vivienda y urbanismo, dejando engañados no solo a los pobladores sino que también al propio gobierno, de forma que la acusación constitucional debiera continuar a pesar de su renuncia, ya que como toda persona que ha faltado a la ley establecida, pasando a llevar a otras personas de la comunidad, debe ser castigada como merece, en este caso continuando la acusación, para así resolver y ajusticiar los actos acometidos por la Intendenta.

Gonzalo Alonso Tapia Nuñez